Unidad Social por contradicción del FA tras votación en ley «anti saqueo»: «Las explicaciones agravan la falta»

El conglomerado de Unidad Social busca que, tras la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, los senadores escuchen sus demandas y se opongan a esta ley que aseguran, sigue “criminalizando la protesta social”

Por Nicolás Morales y Juan Pablo Cardemil

La aprobación del proyecto de ley “anti saqueo y anti barricadas” por parte de todos los sectores en la Cámara Baja y, en especial, el voto de parlamentarios del Frente Amplio, no cayó bien en la mesa de Unidad Social, quienes se reunieron este viernes fuera de la sede del Congreso Nacional en Santiago, para mostrar su descontento contra de la decisión de los distintos diputados.

En este sentido, los representantes de mesa social creen que la única manera en que se establezca paz social es a través de justicia social. “En ese marco es necesario atender y hacerse cargo de las causas que ha generado este estallido social que son la desigualdad y los malestares estructurales en el país”, sostuvo César Salazar, representante por el derecho a la salud. 

A pesar de esto, el último proyecto de ley que se discutió en la Cámara Baja y que tuvo aprobación de todos los sectores fue el de “anti saqueo y anti barricadas”. Según detalla la página web del Senado, la norma establece que quien valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años. Estas son:

  1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.
  1. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.
  1. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
  1. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
  1. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
  2. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

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En esta línea, Carolina Espinoza, dirigente nacional de Confusam y vocera de la Coordinadora No+AFP aseguró que “no han entendido nada”. Este gobierno, tanto el ejecutivo como el legislativo  siguen sin escuchar el clamor ciudadano”, puntualizó. 

La aprobación de esta ley de seguridad que impulsa el gobierno y que cuenta con el apoyo de todos los sectores del parlamento, para nuestro entender es la declaración de guerra que Piñera nos hizo hace semanas atrás. Vienen a criminalizarnos, taparnos, invizibilizarnos y nosotros decimos que como pueblo tenemos el legítimo derecho a la desobediencia civil, a la protesta”, añadió la vocera de No+AFP.

Este proyecto de ley enviado por el ejecutivo, fue aprobado con 127 votos a favor y 13 abstenciones. Dentro de los votos que aprobaron esta ley, se encuentran distintos parlamentarios del Frente Amplio, hecho que sorprendió a la mesa de Unidad Social, puesto que los diputados más influyente del sector (Gabriel Boric y Giorgio Jackson) habían demostrado -previo a la votación de este proyecto- estar en sintonía y en acuerdo con lo que pide la gente.

En este aspecto, los cuestionamientos de la ciudadanía por la votación de los parlamentarios del Frente Amplio, llevó a estos últimos a reconocer públicamente que habían cometido un error al votar a favor este nuevo proyecto de ley.

El vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP, Luis Mesina, aseguró que con la aprobación de esta norma, el congreso demostró “derechamente desdeñar a la ciudadanía que a lo largo del país se expresa exigiendo derechos. Estamos frente a una institución absolutamente  descompuesta”. 

Consultado por las disculpas públicas ofrecidas por los parlamentarios del Frente Amplio, Mesina aseguró que, a veces, “las explicaciones agravan la falta (…) Aquí no bastan las excusas”. 

Ahora, el proyecto de ley “anti saqueos”  deberá pasar al Senado para ser revisado -nuevamente- y posterior a eso, definir sí se convierte o no en una nueva Ley de la república.

Demandas de Unidad Social

Además, la mesa de Unidad social aprovechó la instancia para dar a conocer el pliego de demandas de los más de 200 movimientos sociales que la conforman, puesto que crearon su propia Agenda Social con los puntos, que consideran, más importantes para la ciudadanía.

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