La medida anunciada en mayo de este año, contó como principal novedad el proyecto de ley del seguro de salud ‘Clase media protegida’. Un seguro catastrófico para afiliados a Fonasa que sirve para cubrir cirugías de alto costo que no estén cubiertas en otros programas.
Durante la próxima semana se discutirá en la comisión de salud de la Cámara de Diputados, el proyecto símbolo del Plan Clase Media protegida anunciado por el propio Sebastián Piñera. Antes de su discusión, la iniciativa ya cuenta con oposición de algunos diputados, incluso con la disposición del oficialismo por modificar algunos puntos.
De qué trata el seguro
Este es un beneficio al que podrían acceder los 10 millones de afiliados a Fonasa pertenecientes a los fondos B, C y D, que necesiten una intervención quirúrgica que no esté en los programas como la Ley de Urgencia, el Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) y el Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES).
El subsidio se activará inmediatamente cuando el gasto anual en cirugías (que están especificadas en una lista) del afiliado y sus cargas superen el 40% de los ingresos de los beneficiados.
Es decir, si un grupo familiar percibe ingresos por 7 millones 200 mil pesos en un año (600 mil pesos mensuales) el 40% de ese ingreso serán 2 millones 880 mil pesos. Si la familia la componen 4 personas, quiere decir que en cualquier operación que supere los 720 mil pesos, será subsidiada por el Fondo Nacional de Salud.
Se requieren dos condiciones para que activar este seguro: el afiliado debe tener un año en Fonasa y la prestación debe superar el 40% anual del ingreso anual familiar. De esta manera, permitirá a un paciente del sistema público con capacidad de pago atenderse en el sistema público o privado y financiar intervenciones que superen su 40%.
En el inicio del proyecto, la inversión estipulada sería de 18 mil millones de pesos en el primer año, aumentando progresivamente hasta a los a 38 mil millones en el quinto. La población estimada que sería beneficiada serían 226 mil personas que están en lista de espera de cirugías, esperando en promedio, 331 días para ser atendidas.
Cosas que tienen que cambiar
El próximo martes 1 de octubre, se debería votar en la comisión la idea de legislar este proyecto (dependiendo del curso de la acusación constitucional a la ministra de Educación, Marcela Cubillos). Sin embargo, hay voluntad tanto del oficialismo como de oposición, por modificar elementos fundamentales de la iniciativa.
Ricardo Celis (PPD), presidente de la comisión de salud de la Cámara de Diputados, manifestó que pese a la idea, el proyecto carece de características suficientes para aprobarlo como se presentó: «Como una visión conceptual, es una buena idea tener un seguro social para cierto tipo de enfermedades y gastos. Pero así como está formulado hoy en día (el proyecto), no reúne las condiciones de un seguro social».
«Principalmente, los montos y mecanismos de copago que tiene establecido. Los montos a pagar en un seguro, tiene que ser bajos, distintos a los presentados. Para mí se debería incorporar a los afiliados del fondo A y que no paguen, que los B tampoco paguen, que los C paguen desde el 10% de su sueldo anual y los D paguen a partir del 20%», complementó el diputado de la Región de la Araucanía.
En una línea más profunda, Miguel Crispi (RD), se mostró totalmente contrario a la presentación de la iniciativa: «Es un muy mal proyecto. Lo que hace, es pedir a las personas que junten recursos que no son cercanos a la realidad. La cobertura debiera ser universal. Lo que me parece muy inapropiado, es que se discrimine al grupo Fonasa A, que son cerca de 8 millones de personas, que no declaran ingreso y que son quienes más necesitan apoyo financiero para ese tipo de operaciones».
Además, señaló que la verdadera reestructuración debe surgir desde la modificación del sistema público de salud y no gastando recursos de manera «ineficiente»: «Uno puede decir que el sistema público está colapsado, pero el sistema público no atiende después de las cinco de la tarde y no hace cirugías los fines de semana. Se pueden hacer modificaciones reglamentarias y nuevos protocolos para que hagamos un gasto más eficiente de los recursos públicos».
Desde la otra vereda, el diputado Javier Macaya (UDI) valoró la presentación del seguro catastrófico de salud: «Es una nueva herramienta con la que van a poder contar los chilenos, las personas que son beneficiarios de Fonasa tendrán claro, que en el evento de tener una enfermedad catastrófica, el gasto del bolsillo a pagar no los va a dejar en bancarrota».
Pese a eso, el diputado de la región de O’Higgins se mostró de acuerdo a realizar modificaciones al proyecto: «Creo absolutamente que los beneficiarios del grupo A se deberían incluir. Hay voluntad unánime en la comisión. Yo no tengo inconvenientes en que esto sea parte y que se pueda incorporar en los acuerdos de la comisión».
Frente al método de copago que da libertad de elección entre instituciones públicas o privadas a través de financiamiento estatal, Macaya indicó que no es lo relevante de la discusión: «Esto no se trata de valorizar las prestaciones privadas por sobre las institucionales. Esto se constituye como un híbrido donde Fonasa tendrá la oportunidad de licitar a precios de convenio y paquetes importantes de prestaciones de salud que son las más habituales en términos catastróficos».
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